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El Gobierno busca poner fin a los contratos realizados por teléfono

El Gobierno presentó el viernes un anteproyecto de ley que impondrá la necesidad de un acuerdo por escrito para cerrar los contratos telefónicos y el fin de las tarifas más caras en las líneas 906, según anunció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
La reforma legislativa, que busca adaptarse a la normativa europea para la protección de los derechos de los consumidores aprobada hace más de dos años, incluirá un aumento del plazo de devolución de un producto y acabará con las llamadas “cargas encubiertas” sin el conocimiento del consumidor.
“Se busca evitar que uno conozca el precio básico pero se le vayan añadiendo costes a los que da su aprobación sin saberlo y que aumentan mucho el precio final del producto”, dijo Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros.
El Consejo de la UE aprobó en enero de 2011 una directiva que aumentaba a 14 días el plazo de devolución de compras en la Red de más de 60 euros e introducía otras medidas adoptadas ahora en el anteproyecto español, como la prohibición de las casillas marcadas por defecto en las compras por Internet.
La obligatoriedad de que empresa y consumidor intercambien un contrato escrito pondría fin a las contrataciones cerradas de forma inmediata por teléfono, muy habituales en las compañías de telefonía o en las aseguradoras.
“En los casos en los que la empresa sea la que se ponga en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato, deberá confirmar la oferta por escrito”, dijo el Gobierno a través de un comunicado. “La oferta no será vinculante hasta que el consumidor haya firmado la oferta o enviado su acuerdo por escrito”.
Además, la reforma acabaría con las tarifas especiales de las líneas que comienzan con 906, imponiendo a las empresas que quieran habilitar una línea telefónica que se ciñan a la tarifa habitual.
“En el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación con el contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica”.

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